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Respecto de la nota publicada por diario El País bajo el título "Más casos de traficantes beneficiarios del Mides"

Fecha: 31/08/2012
Autor: MIDES

Es importante tener en cuenta algunos datos más acerca de la información que se brinda en la citada nota, respecto a situaciones de procesamiento de personas por actividades que contrarían la normativa vigente y su relación como beneficiarias del Ministerio de Desarrollo Social, o alguna de sus prestaciones.

En primer lugar, cabe destacar que los casos que han llegado al ministerio desde el Poder Judicial en lo que va del año 2012 no superan los seis (6) en total, por lo que esa es la cantidad de informes que se han recibido formalmente, lo que indica claramente la incorrección de la información aportada en la nota por "el representante del Ministerio Público" que estimó que la situación es de tres (3) o cuatro (4) de cada diez (10) casos. Si así fuera, hay casos que no están siendo debidamente informados al MIDES.

A su vez, y frente a un informe de esta naturaleza, tal como establece una fuente ministerial consultada, el procedimiento siempre es, en primer lugar, la visita a la familia, para obtener información acerca de dónde y con qué personas de referencia quedaron las personas menores de 18 años a cargo, entre otras cuestiones.

Por otra parte, es sustantivo recordar que los planes y/o instrumentos a los que refiere la citada nota de prensa, son adjudicados en general a un núcleo familiar en situación de vulnerabilidad y no a una persona particular, por lo que evaluar su permanencia o no, no depende únicamente de que uno de sus integrantes presente conflicto con la ley penal.

Las Asignaciones Familiares (AFAM) Plan de Equidad, por su parte, son un derecho que se brinda a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad, por lo que, en caso de ser quien cobra el beneficio privado/a de su libertad, el mismo es transferido a la nueva persona (o institución, por ejemplo INAU) que se encuentre a su cargo. Si los niños, niñas y adolescentes que componen el hogar fueran derivados al INAU, se abre una cuenta bancaria a nombre de los mismos en donde mensualmente se deposita el beneficio, de modo de que, al momento del egreso de la institución, tenga acceso a su dinero.

En el caso de la Tarjeta Uruguay Social, que tiene por objeto la compra de alimentos y artículos de limpieza e higiene personal, cuando las personas menores de edad en el hogar son derivadas al INAU, el beneficio cae, pues la institución estatal se encarga de proveer esas prestaciones.

Por otro lado, y si se detecta que las personas menores de 18 años de edad quedan a cargo de otro familiar o tutor, y si la situación es similar a la que existía viviendo con el/la progenitor/a procesado/a, lo que se efectúa es un cambio de la titularidad de la Tarjeta o se otorga carta poder al tutor.

Es importante destacar que, en el caso de las familias beneficiarias de la Tarjeta Uruguay Social, 99 % de las mismas están compuestas por algún menor de 18 años. A su vez, las Asignaciones Familiares Plan de Equidad se definen justamente como un derecho de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

A esta secretaría de estado, la llegada de un informe judicial en que se da cuenta de que una persona procesada recibía beneficios gestionados por este organismo significa una información relevante en tanto:

  • da cuenta de alguien que, de recibir AFAM, tenía a su cargo niños, niñas y/o adolescentes y ya no está en el hogar, por lo que es preciso indagar para conocer la nueva situación.
  • da cuenta que hay una situación administrativa que modificar.

Institucionalmente sorprende que las declaraciones recogidas en la nota estén referenciadas sólo a las figuras de "Fiscal", "Juez" y "otra magistrada" sin mayores datos asociados a la investidura y rol cumplido.

 

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