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El MIDES reconoce fallas de control sobre prestaciones.Presupuesto. Asignan $ 8.500 millones a planes sociales

Noticia publicada en El País

Fecha: 23/09/2010
Autor: MIDES

DANIEL ISGLEAS

Tras reconocer fallas en el cumplimiento de las contraprestaciones educativas, el Ministerio de Desarrollo Social anunció un nuevo plan para asegurarse que los menores de familias asistidas con el Plan de Equidad concurran a la escuela y el liceo.

La ministra Ana María Viñoly y el subsecretario Lauro Meléndez hicieron una descripción sobre todos los programas del Mides ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, a partir de la asignación presupuestal dispuesta por el Poder Ejecutivo. La planificación mantiene los programas implementados desde la administración pasada, como el Plan de Equidad, y agrega nuevos mecanismos asistenciales (ver recuadro).

La totalidad de la asignación para estos programas en los cinco años es de $ 8.509 millones (unos US$ 425 millones), a cuyo monto se debe agregar la inversión en Asignaciones Familiares con el que se cubre a unos 400.000 niños en el marco del Plan de Equidad, más otros 170.000 por el sistema tradicional.Las autoridades del Mides tienen como meta cubrir 500.000 niños solamente por el Plan de Equidad, según informaron en la comisión.

Agregaron que a esta cobertura se le debe sumar la tarjeta alimentaria con la cual se llega a un total de 139.000 hogares, con un valor de entre $ 500 y $ 1.400 por beneficiario según la composición del hogar y los menores que haya en él.

CONTRAPARTIDAS. El Partido Nacional, por medio del diputado Pablo Abdala, reiteró el planteo de apoyo crítico al Plan de Equidad, y pidió que se acentúen los controles sobre las contrapartidas, particularmente la presencia de los menores en el sistema educativo.

El legislador subrayó que "el esfuerzo que la sociedad hace con cientos de millones de dólares a través de las Asignaciones Familiares no debe quedar solamente en un subsidio sino que se debe controlar la asistencia a la escuela y al liceo".

El subsecretario Meléndez admitió que la anterior administración que encabezó la ex ministra Marina Arismendi tuvo "dificultades" para ejercer ese control y todos los relevamientos que se hicieron indican que esa contrapartida no se cumplió, precisó.

Los jerarcas del Mides informaron a los legisladores que están trabajando en un nuevo sistema de información integral por el cual aspiran a tener un contralor estricto y riguroso de cada situación a fin de garantizar que la inclusión educativa se concrete.

El Mides subrayó que para este quinquenio hará una fuerte apuesta a la inclusión educativa y la inserción en el mercado laboral.

Asimismo, el subsecretario Meléndez anunció que el Poder Ejecutivo unificará en un sistema único la prestación de pensión a la vejez.

Hasta el presente, la pensión a la vejez del banco de Previsión Social (BPS) se paga a partir de los 70 años de edad, y a aquellos que están cubiertos por el Plan de Equidad por su condición de indigencia o extrema pobreza se les paga desde los 65 años.

Meléndez adelantó que se considera justo universalizar el sistema a partir de los 65 años. Este nuevo mecanismo, explicó Meléndez en la comisión, no tendría mayor costo para el Estado dado que la nueva cobertura abarcaría a 5.000 personas.

INAU. Las metas que se han fijado las autoridades del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) con la futura asignación presupuestal son alcanzar al cierre del quinquenio un total de 144 centros CAIF, además de mejorar el servicio de adopciones y reforzar la atención a los menores infractores con el nuevo Centro Nacional de Rehabilitación.

Según explicaron ante los diputados, los miembros del organismo encabezados por su presidente, Javier Salsamendi, la prioridad es tener más centros especializados en atención de menores de hasta 3 años.

Salsamendi informó que en el sistema actual del INAU hay unos 317 menores privados de libertad y otros 350 menores con medidas no privativas. El costo mensual para el organismo es de entre US$ 2.500 y US$ 3.500 por cada menor infractor.

 

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